EL
PAęS
Irene Vizca’no ivizcaino@nacion.com
12:00
a.m. 12/12/2011
Por
dif’cil que parezca creer, al Estado le tom— 33 a–os recobrar la mitad del
Parque Nacional Juan Castro Blanco, ubicado en el norte de Alajuela y tambiŽn
conocido como Parque del Agua por su riqueza en nacientes.
No
fue hasta el 9 de noviembre anterior que el Registro Nacional anul— la
inscripci—n que en 1978 puso en manos de particulares 7.737 hect‡reas de
patrimonio forestal.
La
correcci—n fue posible luego de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
ratificara que el dominio pśblico o dominio del Estado sobre un terreno no prescribre ni puede ser trasladado.
Esa
era la declaraci—n que la Procuradur’a General de la Repśblica, abogado del
Estado, requer’a para solicitar que las cosas se pusieran a derecho.
Para
lograrlo se necesitaron nueve a–os de juicio, no faltos de complicaciones.
As’
lo reconocieron la procuradora general, Ana Lorena Brenes, y Georgina Chaves,
procuradora experta en Derecho Pśblico encargada de llevar el caso.
ŇNo
fue simple porque hubo todo un ropaje de aparente verdadÓ, expres— Brenes.
Para
las funcionarias, el caso se debi— haber conocido en la v’a penal, pero para
cuando el Estado comenz— las acciones de recuperaci—n, cualquier eventual
delito ya estaba prescrito.
Una
historia de dŽcadas. La confusa
historia se remonta a 1977, cuando una ciudadana de apellidos Solera Flores
solicit— ante notario pśblico inscribir a su nombre la finca ubicada en R’o
Toro Amarillo de Alfaro Ruiz (hoy Zarcero), donde est‡ el Parque Nacional Juan
Castro Blanco.
Ella
realiz— esta acci—n como albacea provisional de la mortual de su padre, Juan
Mar’a Solera, a quien supuestamente le hab’an traspasado los terrenos unos 30
a–os atr‡s. Sin embargo, ese traspaso fue de terrenos en Puntarenas y en realidad
nunca se concret—.
Solera
tiene en este momento 91 a–os y no se localiz— ningśn telŽfono a su nombre.
La
inscripci—n se ejecut—, pero en 1978, por algunas dudas que surgieron, el
entonces director del Registro, Jaime Waisleder,
orden— inmovilizar la propiedad.
ŇEso
fue importante; si esto no hubiera pasado, hubiera cambiado de due–os y
hubiŽramos tenido que demandar a m‡s genteÓ, manifest— la procuradora Georgina
Chaves.
Nuevo
actor. En 1982, cuando todav’a
el Estado estaba lejos de iniciar la batalla por las tierras, Solera traslad—
la mitad de inmueble al abogado Mario Sabor’o Valverde.
Luego,
el traspaso se revirti— y la propiedad se vendi— a la empresa Desarrollos
Empresariales Volc‡n Viejo Sociedad An—nima, cuyos socios eran Valverde y
Solera.
Mario
Sabor’o Valverde es el mismo que lleg— a ser director del Registro de la
Propiedad entre 1986 y 1990 y director del Registro Nacional entre 1990 y 1997.
Consultado,
asegur— que recibi— la propiedad en garant’a por un prŽstamo que hizo a Solera
Flores y que ella nunca pudo pagar.
ŇCuando
yo lleguŽ al Registro, esta propiedad ya estaba inscrita. No hay ninguna
relaci—n en tiempoÓ, dijo el exfuncionario.
A su
criterio, si el caso hubiera llegado a la v’a penal, Žl ser’a un ofendido.
En
el 2002, la Procuradur’a pidi— ante el Juzgado Contencioso Administrativo que
se eliminara la inscripci—n, por considerarla Ňindebida e irregularÓ.
Los
temores afloraron cuando el juez Melvin Cavero rechaz— la demanda por
considerarla extempor‡nea y hubo que apelar ante el Tribunal Contencioso, que
revoc— la sentencia del juez Cavero.
Sabor’o
Valverde elev— el caso ante la Sala Primera, la cual confirm— el fallo del
Tribunal y eso permiti— que finalmente el Estado volviera a ser due–o del
parque.